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Una sucesión de criterios para evaluar pensiones por invalidez publicada en el Boletín Oficial generó indignación en organizaciones por los derechos de estas personas.
SOCIEDAD01 de marzo de 2025El anuncio no hizo más que caldear los ánimos. No solo por lo que establecía la resolución que publicó en el Gobierno en el Boletín Oficial, para fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Sino por los términos que usaba para referirse a la discapacidad intelectual. Palabras como “idiota”, “imbécil”, que dejaron de usarse hace más de 50 años, o “retardo mental”, cuando desde hace mucho tiempo se pasó a denominar “retraso mental” para luego ser reemplazado, por recomendación del DSM-5, el Manual de Psiquiatría Norteamericano por el concepto de “discapacidad intelectual”.
Sin embargo, luego de la indignación que el uso de los términos generó en las organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno dio marcha atrás. Así, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que finalmente va a modificar la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado.
Indignación
La publicación en el Boletín Oficial generó indignación entre las familias y organizaciones que abordan la discapacidad. “Es una barbaridad. Esto es de principios del siglo pasado. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del coeficiente intelectual (CI). A partir de entonces, cuando se quieren establecer categorías dentro de la disminución intelectual, se utiliza el rango del CI. Pero esto no es más que parte del atropello que vienen sufriendo las personas con discapacidad por parte de este Gobierno, no es casual. Es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad. Es indignante”, había dicho antes de la marcha atrás oficial Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que representa a Aiepesa, una entidad civil que nuclea instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales, dedicadas a la atención de personas con discapacidad.
Y había agregado: “Además, lo que más indigna es que esto sale firmado por la Andis, que es quien debería representar los derechos de las personas con discapacidad, y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006″.
“El Gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad”, publicó en su cuenta de X el abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, Julián Bollain.
El malestar surgió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 187/2025, que contiene “el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”. Se trata de una normativa que se estaba esperando porque después de los anuncios que hizo el Gobierno sobre las pensiones por invalidez, reinaba el desconcierto, incluso entre las juntas evaluadoras. Sin embargo, la nomenclatura que utilizó el baremo, generó mucho rechazo. No solo por la terminología, sino porque supone un determinado abordaje sobre la discapacidad, apuntan los especialistas.
También una de las organizaciones que agrupan a los padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA), se pronunciaron sobre la medida y sobre la marcha atrás: “El gobierno puede tomar medidas o hacer declaraciones que siempre serán discutibles. Lo que no debe hacer es improvisar en un Boletín Oficial. Es un error grave porque, afortunadamente, hay mucho conocimiento en la materia y Argentina cuenta con grandes profesionales que deberían ser consultados antes de cometer estos bochornos que, incluso, trascienden fronteras”, apuntó Paulo Morales, de TEActiva.
El texto de la resolución
El texto decía: “Retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Pero con el crecimiento y las exigencias sociales las personas que lo padecen deben suplir sus carencias con elementos sustitutivos a veces de la personalidad y se tornan trastornos también cualitativos. La comprobación de una dificultad práctica para conducirse autónomamente en la vida, junto con el estudio de las funciones, permitirá bosquejar el perfil del individuo. Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal”.
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