Indagarían al ex intendente de Alberdi Luis Campos y a su esposa la legisladora Sandra Figueroa

El ex intendente de Alberdi, Luis Campos, y su esposa, la actual legisladora oficialista Sandra Figueroa, deberán presentarse ante la Justicia Federal para someterse a declaración indagatoria en el marco de la investigación de un expediente por narcotráfico. Antes de que ellos pisen los tribunales, deberán hacer lo mismo los otros cuatro investigados que están detenidos.

La causa comenzó en la primera semana de junio, cuando se viralizó un audio de la conversación que mantuvo el supuesto empresario Roque “Chipi” Jiménez con Campos. quedaron al descubierto supuestos vínculos narcos con funcionarios del municipio. También surgieron indicios sobre las posibles irregularidades con los fondos destinados a las obras públicas.

Por pedido de la fiscala Mónica García de Targa, también fueron procesados José Roldán (ex secretario de Hacienda de esa ciudad), Albano Loru (ex edil), Pablo “Maceta” Barrionuevo (responsable de la oficina de Desarrollo Social del municipio) y José “Cuchamota” Funez (gremialista que venía denunciado estas irregularidades).

“Con la investigación nos encontramos ante una organización criminal que habría cometido una serie de actos vinculados a la comercialización de estupefacientes en Alberdi. Los ingresos obtenidos habrían sido insertados bajo la apariencia de actividades rentables como ser obras públicas, alquileres al municipio o actividades comerciales como la imprenta de Roldán”, argumentó la representante del Ministerio Público.

Otros tiempos, el exintendente Luis Campos y su esposa la legisladora Sandra Figueroa en la casa de gobierno junto a Osvaldo Jaldo

Basó esa teoría en un caso puntual. “Chipi” Jiménez, conocido en el sur como el “Lázaro Báez de Alberdi”, en sociedad con su madre, que era propietaria de una verdulería en Alberdi, fundó la empresa Giménez Consulting Group a la que no se le pudo encontrar oficinas propias. Según el expediente, la firma había sido contratada de manera directa para realizar varias obras por valores superiores a $500 millones. Varios de esos trabajos, que fueron pagados durante la intendencia de Figueroa, se realizaron a medias o directamente nunca iniciaron.

Las irregularidades que podrían haber cometido los otros acusados son:
- Roldán: se habrían girado fondos municipales sin justificación a la imprenta que estaría a nombre de su hija. El negocio habría sido contratado para realizar trabajos a un monto superior a la otros negocios o la compra directa de diferentes artículos, como barbijos que eran distribuidos a los empleados durante la pandemia.
- Barrionuevo: los investigadores sospechan que habría firmado un contrato para alquilar anualmente su camioneta particular para que fuera utilizada en la repartición que conducía.

- Loru: creó una cooperativa para realizar tareas de limpieza en Alberdi, pese que el municipio contaba con una repartición con unos 1.000 empleados que deberían realizar esa tarea. Había recibido importantes sumas de dinero para pagar el salario de los trabajadores y la compra de maquinaria y vehículos.

Incompetencia
Al avanzar la pesquisa, García de Targa se declaró incompetente porque consideró que los delitos que estaba investigando eran de la órbita federal. Rafael Vehils Ruiz, fiscal de ese fuero, no dudó en tomar el caso. Como ya lo había anunciado previamente en la causa paralela que estaba instruyendo, encontró indicios suficientes para investigar a todos los mencionados de la causa por lavado de activos, asociación ilícita y confabulación para realizar maniobras de narcotráfico.

Por esa razón solicitó que se aceptara la competencia.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez aceptó el planteo y convalidó la investigación de esos tres delitos únicamente. Sí dispuso que la pesquisa por el posible delito de malversación de fondos públicos volviera a la justicia ordinaria. Hasta el cierre de esta edición, no se pudo establecer cuál era la resolución que había adoptado la representante del Ministerio Público. Tiene dos caminos por recorrer: aceptar el pedido y abrir una nueva investigación o rechazar y esperar que un magistrado resuelva si debe o no hacerlo.

En el caso de la legisladora Sandra Figueroa es diferente. Los fueros no le impiden presentarse a declarar.

Avance
Al parecer, el fiscal Vehils Ruiz sumó los indicios suficientes para que Díaz Vélez cite a declaración indagatoria de los señalados. El miércoles deberán presentarse en los tribunales Roldán, Loru y Barrionuevo. El jueves lo hará “Chipi” Jiménez y, el viernes, Campos y Figueroa. Fuera de esta lista quedó Funez, que en la justicia federal fue considerado testigo y, en la ordinaria, fue procesado, aunque no se le dictó la prisión preventiva como a los otros cuatro. En el caso del ex intendente y de la parlamentaria, nunca fueron acusados.

Este paso procesal es de suma importancia para el desarrollo de una causa. Es un acto donde un sospechoso, acompañado por un abogado particular o un defensor oficial, conoce la imputación en su contra y las pruebas que por el momento existen. Luego puede responder o no las preguntas que le realicen los funcionarios y el profesional que lo asiste. Luego, el magistrado interviniente tiene un plazo para definir la situación procesal de todos ellos. Puede decidir, por ejemplo, si pueden continuar el proceso en libertad o si ordena que sean detenidos.

El caso de Figueroa es diferente. Los fueros no le impiden presentarse a declarar. Pero si no lo hace o si el magistrado define que debe ser procesada (sin importar que sea detenida o no), deberá realizar un pedido a la Legislatura para que se quede sin ellos.

FUENTE: LA GACETA