
Legisladores Opositores piden al gobernador Osvaldo Jaldo que convoque a elecciones en Alberdi
El jefe del Poder Ejecutivo había dispuesto esa medida luego de la viralización de un audio que expuso supuestos vínculos narcos con la política local.
Ya se hizo una presentación ante el secretario de Justicia para darle un inicio formal al proceso. De qué se trata y qué busca el oficialismo.
POLITICA27 de enero de 2024El Gobierno formalizó este viernes 26 de enero el inicio de su plan para intervenir todos los registros automotores del país. La presentación formal de este proceso estuvo a cargo del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política” y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos. También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.
El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.
El sistema norteamericano, además, aporta un modelo distinto también desde lo conceptual. La matrícula o patente es del conductor y al vender el automóvil, este se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo. Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deudas como ocurre en Argentina.
El debate está abierto desde hace muchos años en Argentina, pero el nuevo gobierno de Javier Milei lo ha reflotado con fuerza.
El jefe del Poder Ejecutivo había dispuesto esa medida luego de la viralización de un audio que expuso supuestos vínculos narcos con la política local.
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